Alcalde de Tunja planteó ante la Federación Colombiana de Municipios y ASOCAPITALES promover una reforma que modifique el articulo 102 de la ley 142 de 2002.
El cual determina los lineamientos para la estratificación en Colombia "Considero que hoy tenemos desde ASOCAPITALES la oportunidad de resarcir y reajustar esta herramienta, y promover una gran reforma que no promulgue la clasificación de seres humanos en números, sino que atienda la realidad socioeconómica de cada familia, a fin de evitar que personas que no necesitan recibir subsidios los reciban y que aquellos que realmente lo necesitan no se encuentren marginados y asumiendo perjuicios económicos; para lo cual hay muchas propuestas que pueden reemplazar la normatividad actual y ser más efectivas". Expresó Fúneme.
"Presento ante ustedes como representante de la ciudadanía Tunjana, una preocupación generalizada que atraviesan los municipios con la aplicación de las metodologías de estratificación ordenadas por el gobierno nacional, y reguladas por la ley 142 de 1994 y ley 732 de 2002 y demás disposiciones normativas relacionadas con estratificación y que son de obligatorio cumplimiento por parte de los alcaldes, quienes nos hemos visto en la tarea de enfrentar el descontento social.
Como alcalde y como administración municipal, hemos venido escuchando en las mesas de concertación los diferentes puntos de vista, y como ciudadanos entiendo y comprendo los motivos por los cuales la aplicación de la Estratificación Social en los municipios ha traído tantas consecuencias negativas, o efectos perversos como lo calificó Elkin Velásquez Monsalve, director de ONU Hábitat para el Caribe y América Latina durante el Foro de las Ciudades en Medellín quien afirmó:
“la estratificación fue concebida como algo positivo para generar el cruce de subsidios en el cobro de los servicios públicos. Esto es que los más ricos puedan pagar más para que los pobres paguen menos ... el punto es que la herramienta tuvo efectos perversos no esperados y creo que se ha abusado de ella porque ha sido usada para hacer política”.
Esta situación también ha sido calificada por la ONU como una herramienta que estigmatiza y discrimina; teniendo en cuenta que Colombia es único en el mundo en su aplicación, y sus orígenes se remontan al medioevo cuando las personas eran agrupadas de acuerdo a los privilegios que ostentaban, fue mutada por el ordenamiento jurídico Colombiano, hoy agrupando a la ciudadanía en razón a sus ingresos o bienes, cambiando los conceptos simbólicos por números y hoy nos toca a los alcaldes asumir la tarea de agrupar a la ciudadanía en estratos del 1 al 6, dependiendo de los privilegios que ostentan, con una metodología aplicada a nivel nacional que desconoce la realidad social de cada región, departamento y ciudad. ¿Cómo diferenciar un ciudadano de estrato 1 en Tunja a un ciudadano de estrato 1 en San Andrés o en cualquier otra ciudad del país? Y peor aún, qué clase de privilegios puede ostentar un ciudadano estrato 6 de la ciudad de Bogotá, con un ciudadano de las ciudades y municipios más golpeados por la pobreza y la violencia del país.
La estratificación social, que nació como figura para regular las tarifas de servicios públicos, hoy se usa para todo, desde las tarifas de educación hasta el acceso a subsidios, una asincronía con la realidad.
De acuerdo con el profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón:
“se dispone de un buen número de estudios que evidencian las deficiencias de la estratificación socioeconómica como herramienta para determinar los contribuyentes y beneficiarios de los subsidios, al tiempo que proponen medidas para corregirlas. Entre otras cosas, en ellos se muestra que, si bien ha contribuido a la ampliación de la cobertura de los servicios, la estratificación lleva a que personas ricas –o por lo menos no pobres– que viven en los estratos “bajos” reciban subsidios, obviamente sin necesitarlos; en alguna medida, lleva también a que personas pobres que viven en los estratos “altos” no los reciban, necesitándolos”. (Recuperado de
https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/la- estratificacion-socioeconomica-otra-gran-reforma-en-el-tintero)
Por esto, considero que hoy tenemos desde ASOCAPITALES la oportunidad de resarcir y reajustar esta herramienta, y promover una gran reforma que no promulgue la clasificación de seres humanos en números, sino que atienda la realidad socioeconómica de cada familia, a fin de evitar que personas que no necesitan recibir subsidios los reciban y que aquellos que realmente lo necesitan no se encuentren marginados y asumiendo perjuicios económicos; para lo cual hay muchas propuestas que pueden reemplazar la normatividad actual y ser más efectivas, por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó la cartilla de Estratificación social: una propuesta metodológica multidimensional para la subregión norte de América Latina y el Caribe en la cual afirma que, “puede clasificarse por una definición de clases sociales cercana a la de Pierre Bourdieu, entendiendo éstas como el lugar que ocupan los individuos en el espacio social de acuerdo con los capitales que las personas poseen. De esta manera, se buscará medir la posesión de capital cultural institucionalizado y económico en forma de ingresos laborales de los individuos, en conjunto con su ocupación, para tener un acercamiento al nivel de vida que tienen, no solo en el sentido material sino también social y cultural.”
Estas propuestas recogen una clasificación a nivel individual y no de hogares, que finalmente acabaría con la estigmatización por zonas, y el impacto social que tiene la ley actual, al categorizar desde el nivel central a nuestros ciudadanos, convirtiéndolos desde su infancia en números acorde a sus privilegios, aplicando la normatividad desde el propio gobierno y desconociendo la realidad de cada región.
Por esto, reitero la intención de promover una reforma que modifique el articulo 102 de la ley 142 de 2002, así mismo, manifestamos la intención desde la Alcaldía de Tunja de promover acciones que demuestren la inconstitucionalidad de una norma que refleja de forma material las desigualdades de la nación, que podamos desde las entidades territoriales atender de manera veraz las realidades que hoy advertimos, sin olvidar nuestra constitución que reza en el articulo 13: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”; o para este caso de estrato.
Por lo anterior, por medio de la presente me permito solicitar la valiosa intervención de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ASOCAPITALES, con el fin de evaluar la posibilidad de promover acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 102 de la ley 142 de 1994, y disposiciones complementarias que determinan el marco legal de la metodología de estratificación en los municipios, ya que su aplicación, en nuestro criterio, desconoce el principio constitucional de igualdad al disponer para la adopción de estratificación mecanismos que no consultan la realidad social y económica de las comunidades, generando afectaciones económicas inequitativas que afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos, circunstancia que puede ser verificada a partir de bases de datos de los distintos territorios.
Ahora bien, no sobra mencionar que dicha disposición ya fue objeto de demanda de inconstitucionalidad concluyendo con sentencia de exequibilidad, sin embargo, consideramos que pueden existir argumentos nuevos no analizados en la sentencia C.252 de 1997, por lo que consideramos viable un nuevo análisis de constitucionalidad enfocado al respeto de la norma del derecho a la igualdad, de suerte que no se vulnera la figura de cosa juzgada en tanto se trataría de un cotejo de la constitucionalidad de la norma frente a circunstancias no analizadas en la providencia referida.
Sin perjuicio de lo anterior, solicito adicionalmente el valioso acompañamiento de la Asociación para analizar como alternativa jurídica la estructuración de iniciativa legislativa que permita modificar el mecanismo para determinar la estratificación en los municipios del país, a partir de un mecanismo democrático que en efecto materialice principios de igualdad y consulte las realidades socio económicas de los Territorios". Cordialmente Alejandro Fúneme
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